Política

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Para el movimiento de izquierda, que el Servicio Canario de Salud esté declarando como subvención las ayudas a desplazamiento supone aumentar la discriminación de las personas de la islai

Redacción/Iniciativa por El Hierro-Izquierda Unida Canaria ha reclamado que las ayudas al desplazamiento abonadas por el Servicio Canario de Salud a las personas que tienen que fuera de El Hierro a recibir atención médica sean consideradas exentas de IRPF y no como en la actualidad, que la Consejería las está declarando a la Agencia Tributaria como si fuera equivalente a una subvención.

Para Laura Rodríguez, coportavoz del movimiento de izquierda, “esas cantidades son en compensación por tener que desplazarse a otra isla porque en la nuestra carecemos de especialidades y medios, por lo que no tiene sentido que luego se grave en el Impuesto sobre la Renta y que incluso haya personas que van a tener problemas con la Agencia Tributaria al no presentar la declaración anual cuando, al recibir esas cantidades y por la forma en que las declara el Servicio Canario de Salud, están obligadas a hacerla”.

IpH-IUC denuncia que este es el segundo año consecutivo que en los datos fiscales de muchas personas de la isla les está apareciendo estas cantidades, con lo que al trastorno que supone para una persona enferma trasladarse a hacerse pruebas o a recibir tratamiento a Tenerife, se le añade una “sorpresa fiscal” que supone un repago sanitario absolutamente discriminatorio.

“Nadie tiene que ser penalizado fiscalmente por estar enferma y por vivir en una isla que no cuenta con determinados servicios sanitarios, y más cuando el problema de la sanidad canaria no son las personas enfermas de las islas no capitalinas, sino la política claramente orientada a favorecer a la sanidad privada de los gobernantes de este Archipiélago”, ha manifestado la coportavoz de IpH-IUC.

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GMº/Plenos del mes de abril en los ayuntamientos de La Frontera y Valverde en los que los grupos de la oposición presentaron diferentes mociones.

La Frontera

La Agrupación Herreña Independiente (AHI) presentó para este Pleno un batería de mociones, como son arreglo del vallado del Campo Municipal de Fútbol o la eliminación de barreras arquitectónicas.

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Valverde

El Partido Socialista (PSOE) solicitó la implicación del Ayuntamiento para la eliminación del amianto en el Colegio Municipal de la capital herreña.

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GMº/David Cabrera pregunta al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, sobre el futuro del Centro de Salud de El Pinar.

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El senador de AHI-CC recuerda la situación de precariedad que sufren muchos de los beneficiarios de esta prestación desde hace dos años

Redacción/El senador de la Agrupación Herreña de Independientes (AHI-CC), Pablo Rodríguez Cejas, pidió hoy al Estado que adelante el importe de las pensiones a los venezolanos residentes en España, en tanto el que el Gobierno de Venezuela –al que corresponde el abono de la prestación- reanude los pagos.

Rodríguez Cejas aprovechó su intervención en el Pleno de la Cámara Alta –donde se debatía una iniciativa del Grupo Popular sobre la situación política de Venezuela- para exigir también al Gobierno central que se implique en la resolución de un problema que afecta desde diciembre de 2015 a pensionistas venezolanos residentes en España y a pensionistas emigrantes retornados españoles, “gran parte de los cuales, por nuestros vínculos con Venezuela, son canarios-venezolanos que regresan a su tierra después de trabajar y cotizar una vida entera en Venezuela”.

El senador recordó que se trata, en su mayor parte, de personas de avanzada edad, para quienes su pensión es la única fuente de ingresos y que “como consecuencia de ello, se han visto abocados a una situación de precariedad, sin posibilidades para afrontar sus necesidades más elementales como el pago de la vivienda o costearse las medicinas”.

La situación, según dijo, se ha agravado por el tiempo transcurrido desde que se suspendieron los pagos, a lo que se añade la incertidumbre de no saber siquiera cuándo cobrarán o si las cantidades dejadas de percibir las podrán recuperar algún día.

Precisamente, Rodríguez Cejas ya ha presentado una moción para su debate en la comisión correspondiente, en la que señala que el pago por parte del Gobierno de España tiene acomodo jurídico no solo por el convenio bilateral en materia de Seguridad Social firmado por ambos países en 1988, sino también en el Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016.

Esta última normativa determina en su artículo 14 las condiciones para la revalorización de las pensiones reconocidas en aplicación de normas internacionales, según el cual, cuando el importe total de las prestaciones reconocidas por ambas partes no alcance el mínimo previsto para la pensión de que se trate vigente en cada momento en España, se garantizará al beneficiario, en tanto resida en el territorio nacional y reúna los requisitos exigidos al efecto por las normas generales, la diferencia entre la suma de las pensiones reconocidas -española y extranjera-, y el referido importe mínimo.

En este caso, explicó el senador, por aplicación analógica del referido precepto y para garantizar el derecho a la prestación, cabe solicitar que el Gobierno de España garantice desde los cero euros –que es lo que de facto perciben actualmente- hasta el importe mínimo de las pensiones previstas en la legislación española vigente, con carácter transitorio y sin carácter consolidable, hasta tanto el Gobierno venezolano reanude el abono de las prestaciones.

En la misma moción, Rodríguez Cejas insta al Gobierno de España, en cualquier caso, a exhortar a Venezualea para que abone, en el plazo más breve posible, a los pensionistas venezolanos residentes en España las cantidades adeudadas, correspondientes a las prestaciones del año 2016 y 2017. También se pretende que el Estado solicite al Gobierno de Venezuela que en el futuro garantice de forma efectiva que las pensiones sean abonadas con regularidad y que compense al Gobierno de España por las cantidades que adelante por este concepto.